Ciudad Juárez, Chihuahua.- La asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ) solicitó a seis distintas dependencias de los gobiernos municipal y estatal que se garantizara la señalización vial en las obras públicas en desarrollo en el municipio, entre otras peticiones para prevenir afectaciones a la integridad física de la ciudadanía juarense. Mediante escritos entregados ante los titulares de los órganos de gobierno, se pidió, de manera general:
- Instalar y garantizar alumbrado público,
- Garantizar calles libres de baches, y
- Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura para la captación y absorción de aguas pluviales, así como drenaje y alcantarillado
Para estas áreas del trabajo gubernamental, se pidió también establecer un plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de esa infraestructura, así como activar y hacer del conocimiento público el protocolo para reclamar daños a terceros por falta de mantenimiento a dicha infraestructura. Con esto último se busca que el gobierno se haga responsable por los siniestros causados por falta de mantenimiento, como llantas ponchadas, rines destruidos, choques automovilísticos o daño al patrimonio de las y los juarenses por inundaciones prevenibles con el mantenimiento de la infraestructura pluvial. Del mismo modo, se pidió a distintos órganos gubernamentales que se garantice la colocación de avisos de obras próximas y los dispositivos de seguridad como tambos naranjas o conos, para evitar siniestros causados por las obras públicas en el municipio. Los escritos fueron entregados el 25 de octubre a: Ernesto Guevara, director de Servicios Públicos Municipales de Juárez; Daniel González García, director de Obras Públicas de Juárez; César Alberto Tapia Martínez, coordinador de Seguridad Vial de Juárez; Sergio Nevárez, presidente ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento; Carlos Aguilar García, secretario de Obras Públicas del Estado, y Rogelio Antonio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua. Al tratarse del ejercicio del derecho de petición, la autoridad está obligada a responder, independientemente de si aceptará o no la petición, en un “breve término”. De acuerdo con los escritos presentados, se busca “salvaguardar la seguridad e integridad física de las personas habitantes y visitantes del municipio” y “proteger el patrimonio vehicular de la población”.
